Honduras vuelve a discutir cambios electorales después de una elección marcada por tensiones institucionales, pero el país enfrenta una decisión superior a modificar procedimientos. El verdadero salto sería construir un sistema donde el árbitro no dependa de cuotas, el dinero pueda seguirse, el acta pueda auditarse y la voluntad ciudadana tenga garantías desde el padrón hasta la última impugnación.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – Una reforma electoral puede verse moderna sobre el papel y continuar conservando intactas las raíces que producen desconfianza. El proyecto conocido propone atacar bloqueos dentro del CNE, sancionar determinadas conductas, modificar la integración técnica de las JRV, fortalecer procesos tecnológicos y acelerar escrutinios especiales. Son asuntos concretos que responden a problemas visibles durante el ciclo electoral anterior. Pero Honduras necesita decidir si quiere corregir fallas operativas o rediseñar integralmente las reglas de su democracia.
Las elecciones de 2025 dejaron precisamente esa advertencia institucional. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea describió un proceso afectado por graves crisis institucionales, pese a que la jornada electoral fue valorada como bien organizada y pacífica. Meses después presentó 24 recomendaciones para futuros procesos, incluyendo siete prioridades relacionadas con independencia del CNE, rendición de cuentas, comunicación institucional, paridad, protección del debate democrático y control de los sistemas de resultados. La conclusión política resulta inevitable: el problema hondureño rebasa la urna.
Una reforma antes de la próxima crisis
La primera transformación debería consistir en dejar de reformar reglas bajo la presión inmediata de una elección. Las normas fundamentales necesitan estabilidad, debate abierto y participación de instituciones electorales, academia, organizaciones ciudadanas, partidos y sectores técnicos antes de convertirse en decreto. La propia MOE UE recomendó que Honduras emprenda la reforma legal con suficiente anticipación, corrigiendo inconsistencias e incorporando instituciones electorales y sociedad civil al proceso. Una democracia madura cambia reglas para resolver problemas estructurales, no para responder al adversario político del momento.
Ese principio debería ir acompañado de un calendario electoral prácticamente blindado. Contrataciones tecnológicas, auditorías, reglamentos, capacitación, padrón, logística y protocolos deberían contar con fechas legales imposibles de postergar por negociaciones partidarias. El incumplimiento tendría que activar responsabilidades institucionales claras y mecanismos de corrección previamente definidos. No puede volver a ocurrir que una elección nacional dependa de acuerdos alcanzados cuando el reloj ya está corriendo contra el país.
El CNE necesita independencia, no solamente quórum
Eliminar mecanismos que permitan paralizar al pleno puede ser necesario, pero reducir un problema institucional a dos votos contra uno sería insuficiente. El fondo del debate es cómo impedir que la administración electoral se convierta en prolongación de disputas partidarias. La Unión Europea recomendó expresamente proteger al CNE de interferencias políticas y fortalecer su capacidad institucional. Una reforma auténtica debería transformar esa recomendación en normas sobre profesionalización, transparencia, responsabilidad pública y estabilidad técnica.
El país podría establecer concursos para áreas especializadas, publicar expedientes completos de grandes contrataciones y hacer obligatoria la divulgación inmediata de decisiones relevantes. También podría crear auditorías permanentes sobre tecnología, padrón, logística y gasto electoral, en lugar de improvisarlas cuando surjan denuncias. Las autoridades políticas del CNE continuarían tomando las decisiones que legalmente les correspondan, pero sobre una maquinaria profesional protegida contra interferencias coyunturales. La institución debe permanecer aunque cambien sus consejeros.
La mesa electoral no debe ser territorio partidario
La iniciativa analizada reserva tres cargos de cada JRV para los tres partidos con mayor votación presidencial y coloca dos funciones técnicas en ciudadanos seleccionados de manera aleatoria. Ese diseño representa una ciudadanización parcial, pero mantiene mayoría partidaria dentro de la estructura que administra directamente la votación. Una reforma de mayor profundidad tendría que debatir si Honduras está preparada para trasladar la administración completa de la mesa a ciudadanos certificados. Los partidos conservarían fiscalización, copias de actas, observación, impugnación y defensa jurídica de sus votos.
Eso obligaría al CNE a construir una verdadera reserva nacional de personal electoral ciudadano. Universidades, colegios profesionales y organizaciones acreditadas podrían colaborar en procesos de formación sin asumir control sobre la selección final. Cada integrante debería conocer protocolos, delitos electorales, mecanismos de conteo, uso de biometría y procedimientos ante inconsistencias. Ciudadanizar no debe significar llenar dos sillas; debe significar cambiar quién administra el voto.
Segunda vuelta: decidir el modelo presidencial
La ausencia del balotaje es uno de los mayores vacíos políticos del proyecto presentado. La legislación hondureña aplica actualmente el principio de simple mayoría a la elección presidencial, en consonancia con el artículo 236 constitucional. Por eso, una verdadera discusión sobre segunda vuelta debe reconocer que no basta con añadir un artículo a la Ley Electoral. Sería necesario recorrer la ruta de reforma constitucional prevista en el artículo 373, que exige dos tercios y ratificación posterior.
La pregunta nacional tendría que formularse sin nombres de candidatos: ¿qué nivel de respaldo debe tener quien gobierne Honduras? Si se opta por segunda vuelta, deberán definirse umbrales, plazos, financiamiento, campaña, logística y condiciones para evitar incertidumbre entre ambas jornadas. Si se mantiene la simple mayoría, el país tendrá que asumir conscientemente las consecuencias de esa elección institucional. Lo que no resulta saludable es que el balotaje aparezca o desaparezca del discurso según la posición electoral de cada fuerza.
El voto necesita una ruta verificable
El proyecto dedica atención importante a biometría, transmisión, escrutinio automatizado y divulgación de resultados. Una reforma integral tendría que llevar ese principio más lejos: propiedad institucional del sistema, pruebas anticipadas, auditorías independientes, publicación de actas, trazabilidad de inconsistencias y registro permanente de toda modificación. La MOE UE recomendó fortalecer el control del CNE sobre la gestión de resultados y disponer de un sistema desarrollado, probado y auditado con anticipación. La tecnología debe convertir la elección en algo más verificable, nunca en una caja negra más sofisticada.
El acta física debe continuar siendo un ancla documental capaz de confrontarse con cada registro digital. La imagen enviada desde la mesa, la recibida por el sistema, la procesada y la finalmente incorporada al resultado deben poder compararse. Toda corrección necesita identidad del funcionario, hora, motivo, documento de respaldo y posibilidad de auditoría posterior. Cuando cada paso deja huella, disminuye el espacio para rumores, manipulación o desconfianza.
Sin controlar dinero no existe cancha pareja
Una reforma electoral completa también tiene que seguir el dinero. Debe preguntarse quién financia, cuánto aporta, qué recibe, cuánto gasta cada campaña y qué capacidad tiene el Estado para detectar recursos prohibidos o uso indebido de bienes públicos. La observación electoral europea incluyó precisamente financiamiento, recursos públicos, acceso a medios, padrón, justicia electoral y tecnología dentro de su análisis integral. El ciudadano necesita conocer no solo quién ganó una elección, sino bajo qué condiciones económicas compitieron quienes aspiraban a gobernarlo.
La transparencia debería acercarse al tiempo real mediante plataformas públicas fáciles de consultar, no enterrarse en expedientes inaccesibles. Las sanciones necesitan ser suficientemente serias para que incumplir no resulte más rentable que obedecer. El sistema debe vigilar campañas nacionales, legislativas y municipales con estándares verificables. El voto es libre solamente cuando la competencia que lo precede también está sometida a reglas.
La verdadera reforma electoral no será aquella que prometa resultados a las nueve de la noche ni aquella que castigue al funcionario que abandone una sesión. Será la que consiga que oficialismo, oposición, partidos pequeños, observadores y ciudadanos puedan verificar el mismo proceso sin necesidad de controlar el árbitro. Ese objetivo requiere abrir simultáneamente los grandes expedientes pendientes: CNE, TJE, segunda vuelta, mesas ciudadanas, financiamiento, padrón, tecnología, justicia electoral, campañas y auditoría pública. Honduras tiene una oportunidad para abandonar el ciclo de reformas reactivas y construir reglas capaces de resistir la próxima crisis antes de que la próxima crisis llegue. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com