El anuncio liberal responsabiliza al modelo de contratación por posibles abusos, pero no revela qué contratos serían revisados, qué excepciones desaparecerán ni cómo se evitarán acuerdos entre políticos y empresarios.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – La contrapropuesta de reforma eléctrica nació con una acusación grave y una respuesta incompleta. Jorge Cálix afirmó que en el modelo de contratación de energía se encuentran “la picardía y el robo”, pero no presentó públicamente expedientes, contratos o responsables que permitan convertir esa denuncia política en un señalamiento verificable.
La solución anunciada consiste en prohibir las compras directas y recurrir a licitaciones públicas, preferiblemente mediante subasta inversa. El problema es que Honduras ya dispone de reglas que ordenan procesos competitivos para comprar capacidad firme y energía.
El artículo 35 del Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica establece que las distribuidoras deben realizar licitaciones públicas internacionales y presentar a la CREE una solicitud de autorización para adjudicar las ofertas que cumplan los requisitos y representen el menor costo. Acuerdo regulatorio publicado por la CREE
El título promete más de lo que está confirmado
Afirmar que la ENEE reformará su modelo de contratación resulta impreciso. Lo confirmado es que una bancada política incorporó una disposición en una contrapropuesta legislativa que todavía no había concluido.
No se ha producido, con la información disponible, una aprobación del Congreso Nacional, una reforma vigente ni una decisión definitiva de la ENEE.
Esta diferencia no es menor. Una propuesta política puede modificarse, negociarse o desaparecer antes de convertirse en ley.
La contradicción que exige explicación
La CREE informó que ya supervisa una licitación de largo plazo por hasta 1,500 MW, convocada el 23 de junio de 2025, y otra de corto plazo por hasta 250 MW. Ambas contemplan subasta inversa dentro de su metodología económica. Informe del primer semestre de 2026
El proceso de 1,500 MW, además, ha acumulado varias modificaciones: el informe regulatorio registra cuatro enmiendas aprobadas entre agosto de 2025 y marzo de 2026.
Las enmiendas no demuestran por sí mismas una irregularidad. Sin embargo, evidencian que la transparencia no depende únicamente de convocar una licitación. Cada modificación puede alterar las condiciones de participación, los riesgos, los costos y el universo de empresas capaces de competir.
La posible trampa está antes y después de la puja
La subasta inversa solo ordena que los oferentes reduzcan sus precios. No controla por sí misma:
- quién definió los requisitos de entrada;
- si existe competencia real entre empresas independientes;
- quién conoce anticipadamente las bases;
- cómo se califican las garantías y la experiencia;
- qué vínculos tienen los oferentes con funcionarios o partidos;
- qué adendas se firmarán después;
- quién responderá si el proyecto no entra en operación.
La expresión popular “compadre hablado” describe precisamente ese riesgo: organizar un concurso cuyo ganador puede quedar favorecido desde las condiciones iniciales, aunque formalmente varias empresas presenten ofertas.
Hasta ahora no existe evidencia pública citada que permita afirmar que la contrapropuesta favorece a una compañía concreta. Lo comprobable es que el anuncio no ha explicado las medidas necesarias para descartar esa posibilidad.
La prueba no es el discurso, sino la trazabilidad
Una reforma seria debería obligar a publicar el historial completo de cada contratación: estudio de necesidad, bases preliminares, observaciones, enmiendas, ofertas, evaluación, contrato final, propietarios reales de los participantes y modificaciones posteriores.
También tendría que determinar qué sucede con los contratos directos ya celebrados. Si solo se regula el futuro y se evita revisar el pasado, el país seguirá sin conocer quién tomó las decisiones cuestionadas, quién obtuvo beneficios y cuál fue el impacto trasladado a la tarifa eléctrica.
La ciudadanía no necesita únicamente una nueva prohibición. Necesita una cadena documental que permita seguir cada lempira, cada megavatio y cada decisión.
Mientras esa trazabilidad no aparezca en el texto definitivo, la reforma seguirá cargando una sospecha política legítima: cambiar el procedimiento sin desmontar las redes de influencia puede dejar intacto el negocio detrás del papel.
Texto social: La ENEE ya tiene licitaciones con subasta inversa. Entonces, ¿qué cambiará realmente la propuesta liberal? El punto crítico no es solo eliminar compras directas, sino revelar beneficiarios, conflictos de interés, enmiendas y excepciones. —Redacción Hansell O.