El nuevo mecanismo aprobado por el Congreso busca acelerar la disponibilidad de recursos financieros para los organismos que investigan y persiguen el crimen organizado. La contratación directa y el uso anticipado de activos colocan la fiscalización pública en primer plano.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – La estrategia hondureña contra el crimen organizado incorpora un nuevo componente financiero. El Congreso Nacional aprobó un mecanismo para trasladar a la Cuenta Única del Tesoro los activos financieros incautados que administra la OABI, con el propósito de facilitar su distribución entre los organismos de seguridad y justicia.
La decisión apunta a resolver uno de los obstáculos administrativos que pueden limitar la capacidad operativa de las instituciones: la disponibilidad de recursos para adquirir equipos, contratar servicios y fortalecer las investigaciones.
Pero la reforma también abre una discusión sobre cómo administrar dinero vinculado a procesos judiciales que todavía no han concluido.
Seguridad e inteligencia buscan mayor capacidad operativa
Los recursos podrán beneficiar a las secretarías de Defensa y Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la OABI, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
Estas instituciones participan en distintas etapas de la prevención, investigación, persecución penal y respuesta frente a las estructuras delictivas.
La diputada nacionalista Tania Pinto explicó que el objetivo es acelerar la disponibilidad de los fondos que permanecen bajo custodia de la OABI.
La legisladora también señaló que los organismos beneficiarios podrán recurrir a procedimientos de contratación directa o sustitutivos para adquirir bienes, contratar obras y servicios.
Un cambio en la administración de los activos incautados
El decreto aprobado el 5 de noviembre establece que los activos financieros bajo custodia de la OABI deberán trasladarse de manera inmediata e íntegra a la Cuenta Única del Tesoro.
La disposición comprende dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, intereses, rendimientos financieros y títulos de inversión.
Uno de sus elementos centrales es que el traslado podrá efectuarse incluso antes de que exista una sentencia firme que determine la privación definitiva del dominio o el decomiso.
Para ejecutar el procedimiento, la Secretaría de Finanzas coordinará con la OABI y las instituciones financieras correspondientes, con un plazo de 30 días después de la entrada en vigencia de la normativa.
La excepción más importante corresponde a los fondos incautados en el caso Koriun Inversiones, que no podrán utilizarse anticipadamente mediante este mecanismo.
El desafío: transformar recursos en resultados verificables
La aprobación de procedimientos de contratación más ágiles coloca la supervisión pública entre las principales condiciones para el éxito de la medida.
La adquisición de equipos, servicios y otros recursos deberá traducirse en mejores capacidades institucionales, sin perder los controles sobre el origen, destino y utilización del dinero.
En el debate legislativo, el diputado Marco Ramiro Lobo planteó preocupaciones sobre la presunción de inocencia y la disposición de activos antes de una sentencia firme.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, defendió la legalidad del procedimiento y destacó la obligación estatal de restituir los recursos cuando exista una resolución judicial favorable a sus propietarios.
El decreto contempla la devolución íntegra de los activos financieros en el plazo de tres meses establecido cuando los órganos jurisdiccionales ordenen su restitución.
La eficacia de esta decisión no deberá medirse únicamente por la cantidad de dinero transferido, sino por los resultados de las investigaciones, el fortalecimiento de las instituciones y la transparencia en cada contratación.
La ciudadanía tendrá razones para seguir de cerca la aplicación del mecanismo: el combate al crimen organizado necesita instituciones más capaces, pero también controles sólidos y respeto a las garantías judiciales. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com