El balance de Julieta Castellanos pone en discusión el empleo, la electricidad, la seguridad y la salud. Detrás de las cifras hay preguntas que el Gobierno debe responder a los ciudadanos.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – Para una familia hondureña, la evaluación de un gobierno no se mide únicamente por sus discursos, sus reformas o sus anuncios oficiales. Se mide por la posibilidad de encontrar trabajo, pagar sus gastos, recibir atención médica y vivir sin temor a que sus derechos sean vulnerados.
Ese es el trasfondo del balance presentado por la socióloga Julieta Castellanos sobre los primeros nueve meses de la administración de Nasry Asfura. En su documento, fechado el 27 de octubre de 2026, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cuestiona la respuesta estatal ante cinco problemas: empleo, crisis energética, inseguridad, garantías ciudadanas y servicios sanitarios.
La evaluación introduce una pregunta que el Ejecutivo no debería esquivar: ¿qué mejoras concretas puede identificar un ciudadano en su vida cotidiana y qué datos permiten demostrarlo?
El cuestionamiento no significa que todas las políticas públicas puedan evaluarse en pocos meses ni que los problemas estructurales hayan comenzado con la administración actual. Significa que el Gobierno debe explicar qué recibió, qué decisiones tomó, cuáles son sus avances y qué sigue sin resolver.
El empleo juvenil: una deuda que no se resuelve con una ley
Castellanos cuestiona los resultados de la Ley de Empleo Parcial, promovida al comienzo de la administración. Según su análisis, la normativa no ha generado ni 200 nuevos puestos de trabajo.
La cifra plantea una discusión sobre la distancia entre aprobar una medida y conseguir que produzca oportunidades reales. Para establecer su alcance, las autoridades deben precisar cuántos contratos se han formalizado, cuántos empleos siguen vigentes y qué resultados pueden atribuirse a la legislación.
El documento también menciona estimaciones de entre 937,588 y 960,000 jóvenes de 12 a 30 años que no estudian ni trabajan. La fuente, el período de medición y la metodología de esa estimación deben comprobarse antes de presentarla como una cifra actual definitiva.
Para la juventud, el desafío es concreto: acceder a formación, conseguir su primer empleo y encontrar condiciones que permitan construir un proyecto de vida en Honduras.
El Ejecutivo debe explicar qué políticas acompañan la ley, qué metas laborales se ha fijado y cómo medirá sus resultados. Si la normativa no alcanza los objetivos previstos, la ciudadanía necesita saber si será revisada y qué alternativas se consideran.
Electricidad: una factura que también se mide en deuda pública
La crisis de la ENEE no es únicamente un problema contable. Su evolución importa por sus implicaciones sobre las finanzas públicas, la inversión en infraestructura y la sostenibilidad del suministro eléctrico.
Castellanos cuestiona que congelar las tarifas sea suficiente para solucionar los problemas financieros de la estatal. Su análisis menciona L13,227 millones en bonos para pagar parcialmente compromisos con generadores, una deuda de L16,000 millones atribuida a la administración anterior y un saldo pendiente de L7,400 millones.
El documento también señala pérdidas técnicas y no técnicas superiores al 35 % de la producción. Estas cantidades deben contrastarse con los registros oficiales, los períodos correspondientes y la situación financiera actual.
El Gobierno ha impulsado la Ley de Justicia Energética, que contempla una reorganización del sector eléctrico y medidas dirigidas a reducir las pérdidas. Sin embargo, el verdadero examen comienza con la aplicación de la normativa y la publicación de resultados verificables. <Cite refs={[«turn809933search2″,»turn809933search9»]}/>
La ciudadanía necesita conocer si las pérdidas disminuyen, si los pagos se realizan oportunamente y si la deuda deja de crecer. También debe saber cuánto cuesta financiar las obligaciones y qué metas se han fijado para recuperar la sostenibilidad de la empresa.
La pregunta no es solamente si la tarifa permanece congelada. Es si el sistema eléctrico está avanzando hacia una estructura financieramente viable y capaz de prestar un servicio confiable.
Seguridad: proteger a la población sin poner sus derechos en riesgo
La seguridad constituye una de las responsabilidades esenciales del Estado, pero también una de las áreas donde las decisiones deben examinarse con especial rigor.
Castellanos cuestiona que las iniciativas legislativas se concentren en perseguir a operadores criminales de menor nivel sin garantizar el desmantelamiento de las redes que sostienen las actividades ilícitas.
Su análisis también pone en discusión las facultades de allanamiento y captura sin orden judicial. El alcance concreto de esas medidas debe establecerse mediante el examen de la legislación vigente, sus condiciones y los controles previstos.
El desafío institucional es doble: investigar y perseguir los delitos con eficacia, al mismo tiempo que se protegen los derechos fundamentales de la población.
El documento menciona los recursos destinados a la CSJ, Defensa, Seguridad y el Ministerio Público, además de otros fondos vinculados a la seguridad. La ciudadanía tiene razones para exigir que las autoridades expliquen cómo se ejecutan esos recursos y qué resultados se obtienen.
Los indicadores relevantes incluyen investigaciones, procesos judiciales, capacidad de respuesta, desarticulación de redes criminales y mecanismos de supervisión. También importa conocer cómo se investigan las denuncias de posibles abusos y qué garantías existen para quienes resulten afectados por actuaciones estatales.
Más facultades no equivalen automáticamente a mayor seguridad. Los resultados y el cumplimiento de la ley deben examinarse de manera conjunta.
Salud pública: cuando la espera se convierte en un problema nacional
La atención médica concentra una de las preocupaciones más sensibles del balance de Castellanos.
El documento recoge cifras de 1,500 cirugías y 52,000 consultas que habrían quedado sin atender durante siete semanas de huelga de brazos caídos. Su alcance debe comprobarse con registros sanitarios y documentación de los establecimientos involucrados.
Detrás de esas cifras están los pacientes que esperaban una consulta, las familias pendientes de una cirugía y las personas que no tienen capacidad económica para acudir a un centro privado.
El problema no termina cuando se reanudan las actividades. Las autoridades deben determinar cuántas atenciones se recuperaron, cuántos pacientes permanecen pendientes y qué mecanismos permitirán evitar que una nueva interrupción produzca consecuencias similares.
También deben explicar cómo se gestionó el conflicto laboral, qué compromisos quedaron pendientes y qué acciones se adoptaron para garantizar la continuidad de los servicios.
La evaluación de la gestión sanitaria necesita información verificable sobre abastecimiento, atención, mora quirúrgica, disponibilidad de personal y ejecución presupuestaria. Sin esos indicadores, la ciudadanía no puede establecer con claridad el alcance de las mejoras o de las deficiencias.
La pregunta que permanece después de nueve meses
El balance de Julieta Castellanos no sustituye una auditoría integral del Gobierno ni constituye, por sí solo, una medición independiente de todos los resultados de la administración. Sí plantea interrogantes que merecen respuestas documentadas.
¿Cuántos empleos nuevos se han creado? ¿Qué resultados ofrece la reorganización de la ENEE? ¿Cómo se mide la eficacia de las instituciones de seguridad? ¿Qué controles protegen las garantías ciudadanas? ¿Cuántos pacientes han recuperado la atención que tenían pendiente?
El Gobierno de Asfura debe responder con información pública, datos comparables y explicaciones que permitan contrastar sus compromisos con los resultados obtenidos. Las instituciones competentes también deben presentar sus propios registros y aclarar los puntos cuestionados.
La oposición política, la sociedad civil, los especialistas y el periodismo tienen un papel legítimo en la fiscalización de las decisiones públicas. Esa vigilancia debe basarse en evidencia y mantenerse abierta a las respuestas oficiales.
Nueve meses no resuelven automáticamente décadas de problemas estructurales, pero tampoco eliminan la obligación de rendir cuentas por las decisiones adoptadas durante el período.
Honduras necesita menos distancia entre las promesas y los resultados, más transparencia sobre el uso de los recursos públicos y garantías de que las soluciones no se construyan a costa de los derechos ciudadanos. La respuesta del Gobierno deberá comprobarse en cifras, servicios y cambios que la población pueda identificar. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com