Gabriela Castellanos cuestiona reformas que debilitan garantías

Gabriela Castellanos advierte sobre posibles riesgos de discriminación, detenciones arbitrarias y restricciones de derechos en la nueva legislación contra el crimen organizado. La ONU reclama controles efectivos para proteger a la población.

Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – Un tatuaje, una prenda de vestir o determinados símbolos personales se han convertido en parte de una discusión que despierta preocupación en Honduras: los límites de las herramientas legales utilizadas para identificar a posibles integrantes de organizaciones criminales.

La polémica surge tras las recientes reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional, que amplían facultades relacionadas con la investigación, detención y persecución de estructuras delictivas.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó el alcance de estas disposiciones y advirtió que su aplicación podría afectar especialmente a jóvenes de sectores vulnerables.

Su postura coincide con las alertas emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que considera necesario revisar las normas para evitar afectaciones a derechos fundamentales.

El debate tiene consecuencias que van más allá de los tribunales. Involucra la relación entre ciudadanos y autoridades, la confianza en las instituciones y los límites del poder policial.

¿Puede un tatuaje convertirse en motivo de sospecha criminal?

La utilización de tatuajes, símbolos y otras características externas como posibles indicios de vinculación con asociaciones terroristas constituye uno de los asuntos más controversiales de las reformas.

Las disposiciones contemplan mecanismos de valoración técnica de estos elementos. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos advierten sobre los riesgos de que las características personales terminen adquiriendo un peso desproporcionado en las investigaciones.

¿Tener un tatuaje significa pertenecer a una pandilla? No. La presencia de un tatuaje no demuestra por sí sola la comisión de un delito ni establece automáticamente la participación en una organización criminal.

La determinación de responsabilidad exige investigaciones, pruebas y procedimientos que respeten la presunción de inocencia, independientemente de la apariencia del sospechoso.

Castellanos cuestionó que determinadas características personales puedan utilizarse para sustentar presunciones de pertenencia criminal, desplazando la atención de las conductas investigadas hacia la identidad o imagen de los ciudadanos.

Esta situación podría resultar especialmente problemática en comunidades donde existen antecedentes de estigmatización social, pobreza y relaciones conflictivas con las fuerzas de seguridad.

Para los jóvenes, el problema no se limita a una discusión sobre moda, tatuajes o vestimenta. El desafío consiste en garantizar que ninguna característica personal sustituya la obligación de demostrar una conducta delictiva.

La advertencia también tiene relevancia para las familias que esperan que las autoridades actúen con firmeza contra las estructuras criminales, sin confundir a personas inocentes con sus integrantes.

Las 48 horas de detención y el derecho a saber dónde está un familiar

Otra preocupación se relaciona con la ampliación de determinados plazos de detención hasta 48 horas antes de la comparecencia judicial correspondiente.

Naciones Unidas advierte que las privaciones de libertad deben acompañarse de medidas de supervisión, registros confiables y acceso oportuno a mecanismos legales de protección.

La discusión puede explicarse mediante una pregunta concreta: ¿qué mecanismos tiene una familia para conocer la situación legal y ubicación de una persona detenida?

El acceso a información verificable sobre las detenciones constituye una salvaguarda importante para familiares, defensores legales y organismos encargados de prevenir abusos.

Por esa razón, la OACNUDH recomendó establecer un Registro Central de Personas Detenidas que permita conocer la existencia de privaciones de libertad y fortalecer el control institucional.

La propuesta busca reducir riesgos asociados con registros deficientes, detenciones arbitrarias y posibles desapariciones forzadas, sin que tales consecuencias deban presentarse como hechos ya comprobados por la sola aprobación de las reformas.

Otro elemento fundamental es la disponibilidad de asistencia jurídica. Una persona investigada debe tener posibilidades efectivas de ejercer su defensa y acceder a los mecanismos establecidos para cuestionar una detención ilegal.

La seguridad ciudadana también requiere procedimientos verificables que permitan distinguir una actuación policial legítima de una intervención arbitraria.

Operativos policiales y allanamientos: los límites del poder

Las reformas han generado cuestionamientos adicionales por la posibilidad de ejecutar determinados allanamientos sin los controles judiciales posteriores que Naciones Unidas considera necesarios.

El ingreso a una vivienda constituye una de las intervenciones más sensibles del Estado porque afecta directamente la privacidad y la seguridad del domicilio.

La OACNUDH ha señalado que las facultades excepcionales deben estar sujetas a criterios de necesidad, proporcionalidad y controles efectivos para evitar actuaciones injustificadas.

Estas preocupaciones adquieren importancia en sectores afectados por la presencia de pandillas, donde la población exige operativos capaces de recuperar el control territorial y proteger a los habitantes.

Las familias que sufren extorsiones, amenazas o desplazamientos necesitan una respuesta estatal firme. Sin embargo, esa respuesta también requiere procedimientos que impidan afectar injustamente a quienes no participan en actividades criminales.

La protección de las víctimas y el respeto de los derechos humanos no deben convertirse en objetivos enfrentados.

Las autoridades tienen la responsabilidad de investigar a los responsables de delitos graves, reunir evidencia suficiente, presentar sus casos ante la justicia y asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Al mismo tiempo, deben existir mecanismos de supervisión que permitan examinar denuncias por excesos durante los operativos.

Gabriela Castellanos plantea un desafío al Congreso Nacional

La posición de Castellanos introduce una crítica a la manera en que se evalúa el éxito de las políticas públicas de seguridad.

Para la directora del CNA, el endurecimiento de las disposiciones legales no debe sustituir el trabajo de investigación destinado a identificar financistas del narcotráfico, redes de corrupción y estructuras que sostienen las operaciones criminales.

Su análisis plantea que la eficacia institucional debe medirse por la capacidad de producir investigaciones sólidas, identificar responsables y garantizar justicia a las víctimas, no únicamente por la severidad de las sanciones previstas.

La discusión también alcanza a las instituciones responsables de impedir abusos. La OACNUDH recomendó fortalecer la Defensa Pública, el Conadeh y el Conaprev como parte de las garantías necesarias durante la aplicación de las nuevas normas.

Desde el Congreso Nacional, su presidente Tomás Zambrano ha defendido las reformas y sostenido que buscan dar prioridad a la protección de las víctimas de la criminalidad.

El dirigente legislativo también manifestó que las recomendaciones de Naciones Unidas serán analizadas, en una respuesta que abre la posibilidad de revisar aspectos de la implementación normativa.

La cuestión pendiente consiste en determinar cómo se traducirá esa disposición en decisiones concretas y qué salvaguardas podrán conocer y utilizar los ciudadanos.

Para Honduras, la controversia tiene una dimensión que conecta directamente con la vida cotidiana: el derecho de las familias a vivir sin pandillas y el derecho de cualquier persona a no ser tratada como culpable sin una investigación legalmente sustentada.

El país necesita instituciones capaces de perseguir organizaciones violentas, proteger testigos, investigar estructuras financieras y asegurar que quienes cometen delitos enfrenten procesos judiciales efectivos.

También necesita controles que permitan prevenir discriminación, supervisar las detenciones, proteger los domicilios y garantizar que las facultades excepcionales no se conviertan en prácticas habituales carentes de revisión.

La atención pública deberá concentrarse ahora en las decisiones del Congreso, las instrucciones operativas de las autoridades de seguridad y los mecanismos disponibles para documentar y corregir posibles abusos.

La legitimidad de las reformas no dependerá únicamente de los objetivos anunciados, sino también de la forma en que se apliquen y de los resultados que puedan comprobarse.

El verdadero desafío será recuperar la tranquilidad sin dejar desprotegidos los derechos que distinguen la actuación de un Estado democrático de la arbitrariedad que sus instituciones están obligadas a impedir. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com

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