El Ejecutivo promete modernizar controles sobre el dinero público, pero su credibilidad dependerá de algo mucho más difícil que firmar convenios: abrir el Estado completamente, fortalecer investigadores independientes además de aclarar sin rodeos qué hará con la CICIH.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – La corrupción no le teme a discursos, ceremonias ni documentos colocados frente a cámaras. Le teme a sistemas capaces de seguir el dinero, identificar propietarios ocultos, detectar conflictos de interés, proteger denunciantes además de llevar investigaciones hasta donde conduzcan las pruebas. Por eso, cuando el presidente Nasry Asfura reafirma su compromiso con la transparencia durante un convenio entre Sefin junto al TSC, la pregunta nacional no debería limitarse a celebrar la declaración. La pregunta debe ser mucho más incómoda: ¿qué controles está dispuesto a aceptar el Gobierno cuando esos controles dejen de mirar hacia afuera además de comiencen a mirar hacia Casa Presidencial?.
Asfura plantea fortalecer fiscalización, agilizar rendición de cuentas municipal además de promover una nueva Ley de Contratación del Estado. También ha defendido procedimientos especiales capaces de acelerar adquisiciones del sector salud, donde los retrasos pueden traducirse directamente en sufrimiento humano. Pero cuanto mayor sea la velocidad del gasto, mayor debe ser la capacidad para seguir cada decisión pública en tiempo real. La eficiencia sin transparencia puede solucionar burocracia; también puede multiplicar discrecionalidad si los candados institucionales quedan atrás.
El Gobierno escribió su propio examen
La Estrategia Nacional de Transparencia 2026-2030 demuestra que Casa Presidencial conoce perfectamente cuáles son los puntos vulnerables. El documento contempla implementar estándares de contratación abierta, publicar beneficiarios finales de empresas proveedoras, verificar declaraciones patrimoniales, controlar conflictos de interés, regular puertas giratorias además de fortalecer herramientas para investigar estructuras complejas. Son medidas que cualquier administración comprometida con integridad pública debería acelerar, dotar de presupuesto además de someter a indicadores mensuales. El gran desafío es que ninguna termine convertida en una elegante colección de verbos futuros dentro de otro documento oficial.
Pero existe una debilidad estructural que merece atención. El PCM-011-2026 coloca al Comisionado Presidencial para la Transparencia como rector político del sistema, designado directamente por el Presidente además de adscrito a Presidencia, aunque el decreto le reconoce autonomía funcional. El mismo texto aclara que esa figura no investigará penalmente corrupción, tarea reservada al Ministerio Público. Por eso, ningún comisionado presidencial puede presentarse como sustituto funcional o político de una comisión internacional independiente con capacidad real para acompañar casos complejos.
Siete meses después, la CICIH todavía exige calendario
Nasry Asfura asumió la Presidencia el 27 de enero de 2026; este 27 de agosto se cumplen exactamente siete meses de administración. Antes de llegar al poder había firmado con el Consejo Nacional Anticorrupción un compromiso que contemplaba establecer la CICIH durante su primer año de gobierno. En mayo confirmó públicamente que seguía respaldando el mecanismo, aunque señaló que su instalación requería tiempo. Faltan todavía meses para que venza ese compromiso político, pero precisamente por eso el país debería estar viendo hoy un cronograma, negociaciones identificables además de reformas caminando con fechas concretas.
El Gobierno no puede ser acusado responsablemente de haber incumplido un plazo que todavía no concluye. Sí puede exigírsele, sin embargo, que explique qué ha ocurrido desde aquella reafirmación, quién conduce actualmente el proceso, qué conversaciones existen con Naciones Unidas, qué obstáculos jurídicos continúan además de cuál sería el mandato que Honduras estaría dispuesta a aceptar. Una promesa de primer año necesita hitos durante el primer año, no una explicación en las últimas semanas del calendario. El silencio sobre el camino concreto hacia la CICIH es precisamente la clase de vacío que una política seria de transparencia debería evitar.
No basta con decir cuánto se gastó
Para transparentar verdaderamente el Estado, cada hondureño debería poder entrar a una sola plataforma además de reconstruir la vida completa de cualquier contrato. Desde la necesidad inicial hasta el último pago deberían aparecer participantes, ofertas, evaluaciones, responsables, adjudicación, beneficiarios finales, adendas, avances, fotografías, supervisión además de recepción definitiva. Las compras de emergencia tendrían que mostrar por qué se utilizó una excepción, quién autorizó el procedimiento, cuáles precios fueron comparados además de qué auditoría posterior revisó el proceso. Si un contrato necesita explicaciones secretas para parecer correcto, el problema no es el ciudadano que pregunta.
La Ley de Transparencia además del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales aprobada por el Congreso constituye una herramienta relevante porque permite conocer quién controla realmente una sociedad o estructura jurídica. Esa información tiene especial valor cuando una empresa contrata con el Estado, participa en concesiones, administra recursos públicos o aparece repetidamente en procedimientos de compra. El Ejecutivo debería impulsar interoperabilidad inmediata entre ese registro, ONCAE, Finanzas, administración tributaria dentro de los límites legales, TSC además de autoridades investigativas competentes. El verdadero dueño de una empresa que recibe dinero estatal nunca debería ser un secreto para el Estado que le paga.
La transparencia debe tener dientes
También hace falta fortalecer protección a denunciantes, auditorías internas profesionales, meritocracia en áreas sensibles, controles sobre contratación de familiares, declaraciones patrimoniales verificables además de procedimientos rápidos para sancionar faltas administrativas. Las recomendaciones del TSC deben tener seguimiento público, con fechas, responsables además de estado de cumplimiento. Cada institución debería publicar un tablero mensual donde cualquier ciudadano pueda comprobar contrataciones, presupuesto ejecutado, auditorías, sanciones además de observaciones pendientes. La rendición de cuentas pierde sentido cuando llega años después de que el dinero desapareció.
En paralelo, el Congreso Nacional tendrá que aprobar las reformas procesales que fortalezcan colaboración eficaz, técnicas de investigación, responsabilidad de personas jurídicas además de persecución de redes complejas, varios de esos cambios reconocidos por la propia estrategia oficial como prioridades. El Gobierno puede demostrar voluntad política enviando iniciativas, respaldando públicamente su discusión además de evitando reformas que reduzcan capacidades investigativas. La lucha contra la corrupción necesita herramientas que permitan seguir dinero, romper pactos internos además de obtener información desde dentro de las estructuras criminales. Sin capacidad investigativa, transparencia corre el riesgo de convertirse en una vitrina muy iluminada frente a una habitación todavía cerrada.
Asfura ha dicho que quiere un Estado que funcione bien. Si pretende convertir esa frase en una marca histórica, tendrá que construir una administración donde los contratos sean abiertos, los funcionarios puedan ser investigados, las empresas contratistas revelen a sus dueños, las auditorías tengan consecuencias además de los periodistas puedan preguntar sin encontrar paredes burocráticas. También tendrá que explicar qué ocurrirá con la CICIH antes de que el calendario convierta una expectativa vigente en una factura política. Porque transparencia no significa que el Gobierno diga que es transparente: significa darle al ciudadano todas las herramientas necesarias para comprobar si realmente lo es. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com