El Congreso Nacional pretende fortalecer Seguridad mediante recursos incautados administrados por la OABI, pero una cifra oficial coloca una interrogante mucho más incómoda frente al Legislativo: la Tasa de Seguridad recaudó L5,457.36 millones durante 2025. Antes de abrir otra llave financiera, Honduras necesita conocer la ruta, ejecución e impacto del dinero que ya entró al Estado.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – El problema ya no puede reducirse simplemente a encontrar más dinero. Cuando una sola tasa generó L5,457.36 millones durante 2025, cualquier propuesta para buscar recursos adicionales destinados a Seguridad obliga a mirar primero hacia las cuentas existentes.
El Congreso Nacional tiene ahora frente a sí una discusión que puede convertirse en una auténtica prueba de transparencia: mientras diputados estudian utilizar dinero congelado bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), las cifras de la Secretaría de Finanzas demuestran que el denominado Tasón continúa movilizando miles de millones de lempiras.
La pregunta ciudadana puede formularse de manera sencilla:
¿dónde está reflejado el resultado de todo ese dinero?
No significa afirmar que los recursos hayan desaparecido.
Significa exigir que el Estado abra las cuentas con suficiente detalle para conocer quién recibió el dinero, cuánto recibió, cuánto ejecutó, dónde lo gastó, qué compró, qué resultados obtuvo, qué saldos quedaron pendientes.
Cinco mil millones cambian completamente la discusión
La cifra está publicada por la propia Secretaría de Finanzas.
En enero de 2025, la recaudación acumulada por la Tasa de Seguridad alcanzaba L451.20 millones.
En junio había subido a L2,723.78 millones.
En septiembre llegaba a L4,294.66 millones.
Al cierre de diciembre alcanzó L5,457.36 millones.
Ese volumen financiero obliga a abandonar cualquier discusión superficial.
Estamos frente a miles de millones recaudados dentro de las finanzas públicas hondureñas.
Incluso durante 2026 el flujo continuó.
Los registros oficiales de SEFIN muestran que hasta julio de este año la Tasa de Seguridad había acumulado L3,490.61 millones.
Es precisamente aquí donde el debate debería cambiar.
En lugar de concentrarse únicamente en cuánto más dinero necesita el Estado para combatir la criminalidad, el Congreso puede exigir una respuesta mucho más completa:
¿qué capacidad institucional compraron todos esos millones?
Congreso abre otra llave financiera
Paralelamente, el Poder Legislativo analiza una propuesta destinada a utilizar recursos económicos incautados que actualmente se encuentran administrados por la OABI.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marco Paz, explicó que se estudia utilizar esos fondos para fortalecer a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, estructuras de inteligencia además de otras instituciones relacionadas con esa área.
El proyecto estaría separado del Presupuesto General de la República, según las explicaciones ofrecidas públicamente, destinándose los recursos a capacidades como tecnología, logística e implementación.
La propuesta contempla además un mecanismo para garantizar la devolución de recursos cuando una persona afectada por una incautación consiga posteriormente una resolución judicial favorable. En ese escenario, Finanzas actuaría como aval para efectuar la restitución correspondiente.
Hasta aquí existe una discusión sobre cómo conseguir nuevas capacidades financieras.
Pero falta otra discusión.
La del dinero existente.
Antes de tocar la OABI, enseñen qué produjo el Tasón
Ese debería convertirse en el punto de mayor presión institucional.
¿Por qué abrir una nueva fuente de recursos sin presentar simultáneamente una explicación consolidada sobre el comportamiento de la Tasa de Seguridad?
La discusión no tiene que detener la búsqueda de herramientas contra el crimen.
Tiene que elevar el nivel de rendición de cuentas.
Porque cuando el Estado recauda L5,457 millones en doce meses bajo un concepto vinculado a seguridad, el ciudadano tiene derecho a exigir algo más profundo que una cifra general de ingresos.
Tiene derecho a conocer la ejecución.
Tiene derecho a conocer los beneficiarios institucionales.
Tiene derecho a conocer las compras.
Tiene derecho a conocer los contratos.
Tiene derecho a conocer los proyectos financiados.
Tiene derecho a conocer los resultados medibles.
L600 millones hasta L800 millones adicionales
La discusión se vuelve todavía más intensa ante otro dato expuesto desde el propio Congreso.
Marco Paz estimó que la Secretaría de Seguridad podría recibir una ampliación situada entre L600 millones hasta L800 millones, aclarando que se trata de una aproximación respecto de lo que eventualmente pudiera solicitarse.
Comparemos únicamente las magnitudes, sin confundir sus fuentes ni naturaleza presupuestaria.
Una posible ampliación de L600 millones representa apenas una fracción de los L5,457.36 millones recaudados por la Tasa de Seguridad durante 2025.
Una ampliación de L800 millones también queda ampliamente por debajo de esa recaudación anual.
La comparación no demuestra por sí misma que los recursos actuales sean suficientes para todas las necesidades de seguridad.
Lo que sí demuestra es que el volumen del Tasón es demasiado importante para permanecer fuera del centro del debate sobre financiamiento, ejecución, fiscalización e impacto.
La ruta del dinero tiene que ser pública
La rendición de cuentas no consiste únicamente en publicar cuánto ingresó.
Una política completa de transparencia debe permitir seguir el dinero.
Primero: cuánto fue recaudado.
Después: dónde fue registrado.
Luego: cuánto fue presupuestado.
Después: qué instituciones recibieron asignaciones.
Luego: cuánto ejecutaron.
Después: qué adquirieron.
Finalmente: cuál fue el resultado verificable.
Sin esa cadena completa, la ciudadanía puede conocer el inicio de la historia financiera, pero no necesariamente su desenlace.
SEFIN ya proporciona una pieza fundamental: la cifra de recaudación.
Ahora corresponde que la institucionalidad permita conectar esa cifra con el gasto realizado.
El fideicomiso fue derogado, pero el cobro permanece en las cuentas
Otro elemento puede provocar confusión dentro de esta discusión.
El esquema anterior del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional quedó comprendido dentro de las derogaciones establecidas mediante el Decreto Legislativo 66-2022, según documentación publicada por el Tribunal Superior de Cuentas.
Documentación presupuestaria posterior también registra que saldos disponibles procedentes de la liquidación del Fideicomiso de Tasa de Seguridad Poblacional fueron trasladados a la Tesorería General de la República.
Pero las estadísticas financieras actuales de SEFIN continúan registrando ingresos bajo el concepto Tasa de Seguridad.
En otras palabras, el viejo fideicomiso dejó de funcionar bajo aquella estructura, pero la recaudación aparece actualmente incorporada dentro de las cuentas de ingresos de la Administración Central.
Por eso preguntar “¿dónde está el Tasón?” no debe reducirse a buscar una antigua cuenta fiduciaria.
La pregunta moderna debe ser:
¿cuál es la ruta presupuestaria actual de esos recursos?
Que el Congreso abra las cifras completas
El Congreso Nacional tiene herramientas para convertir esta polémica en transparencia.
Puede solicitar informes.
Puede convocar funcionarios.
Puede exigir liquidaciones.
Puede revisar ejecuciones.
Puede pedir auditorías.
Puede requerir contratos.
Puede comparar presupuestos con resultados.
Puede establecer mecanismos de publicación periódica que permitan a cualquier ciudadano conocer el movimiento de estos fondos.
Eso tendría mucho más peso que cualquier discurso político.
Porque el verdadero debate no consiste en determinar si Honduras necesita recursos para enfrentar la criminalidad.
El debate consiste también en determinar cómo se administra cada lempira entregado al Estado con ese propósito.
La cifra que no puede salir del debate
Durante 2025:
L5,457.36 millones.
Hasta julio de 2026:
L3,490.61 millones.
Ambas cifras aparecen en las cuentas financieras publicadas por SEFIN.
Ahora el Congreso estudia recursos de la OABI.
También se habla de cientos de millones adicionales para Seguridad.
La secuencia obliga a formular una pregunta frontal, legítima, necesaria:
¿qué resultados concretos produjo la Tasa de Seguridad?
No basta responder cuánto se recauda.
Honduras necesita conocer cuánto se ejecuta.
No basta decir que el dinero entra al Estado.
Debe conocerse a dónde llega.
No basta aprobar más recursos.
Debe demostrarse qué ocurrió con los anteriores.
Ese es el verdadero examen de transparencia que acompaña la nueva discusión legislativa.
Porque antes de abrir otra caja para financiar Seguridad, el Congreso Nacional puede hacer algo mucho más importante para la confianza pública:
abrir las cuentas del Tasón hasta el último lempira, publicar su recorrido institucional, mostrar su ejecución, identificar sus destinatarios, exhibir sus resultados.
Solo entonces la discusión sobre nuevos recursos tendrá delante de la ciudadanía toda la información necesaria. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com