La reforma contra el lavado de activos incorpora nuevas exigencias para plataformas digitales, entidades bancarias y sectores comerciales. Honduras busca modernizar la vigilancia del dinero sin frenar las operaciones económicas legítimas.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – La transformación de las operaciones financieras digitales obliga a Honduras a actualizar sus reglas de supervisión, especialmente en actividades que permiten movilizar recursos mediante plataformas tecnológicas.
Con la aprobación de las reformas contra el lavado de activos, el Congreso Nacional abrió un nuevo escenario regulatorio para las criptomonedas, las instituciones bancarias y diversas actividades vinculadas con el movimiento de capitales.
Las nuevas disposiciones alcanzan a sectores que hasta ahora no estaban sujetos a un marco específico de control de activos virtuales dentro de la legislación antilavado hondureña.
La decisión parlamentaria, adoptada el 17 de noviembre de 2026, forma parte de un amplio paquete que modifica cuatro normativas y busca fortalecer la capacidad de las instituciones para identificar movimientos financieros de procedencia ilícita.
El objetivo es responder a las exigencias de prevención internacional y adaptar las herramientas nacionales de supervisión a las nuevas formas de movilización de recursos económicos.
Criptomonedas: Honduras incorpora un sistema de registro y supervisión
Uno de los cambios más importantes es la incorporación de un marco regulatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), categoría que comprende determinados operadores relacionados con criptomonedas.
Dentro de estas actividades se encuentran las plataformas de intercambio de activos digitales, conocidas como exchanges, así como proveedores de servicios vinculados con billeteras virtuales.
La reforma establece el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Repsav), mecanismo que permitirá identificar a las empresas que operen o pretendan prestar estos servicios en Honduras.
Su creación busca reducir los espacios de opacidad financiera mediante obligaciones de identificación de usuarios, verificación de información y controles relacionados con determinadas operaciones.
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó que el propósito es introducir mecanismos de supervisión sobre un mercado que ya registra actividad en el país.
El registro no significa que cualquier empresa inscrita quede automáticamente autorizada para operar. La CNBS deberá desarrollar los requisitos reglamentarios y procedimientos aplicables a estos proveedores.
La diferencia es relevante para usuarios y operadores digitales, porque el alcance de las obligaciones dependerá del texto legal y de las disposiciones complementarias que emitan las autoridades.
Las reformas tampoco deben confundirse con una prohibición general del uso de criptomonedas. Su orientación principal consiste en establecer responsabilidades para los proveedores comprendidos en la regulación antilavado.
¿Qué cambia para quienes utilizan bancos y servicios financieros?
Aunque las criptomonedas concentran una parte importante de la atención, la reforma también introduce cambios significativos para las operaciones desarrolladas mediante instituciones financieras tradicionales.
Uno de ellos consiste en restringir las prácticas de exclusión bancaria injustificada, conocidas internacionalmente como de-risking, cuando se aplican de manera automática a determinados perfiles de clientes.
Las instituciones no deberán negar, limitar o cancelar servicios únicamente porque una persona haya sido requerida por el Ministerio Público, esté vinculada con un reporte sospechoso o tenga determinada exposición política.
Esto no significa que los bancos pierdan su capacidad para investigar riesgos o aplicar restricciones legalmente justificadas. La intención es exigir decisiones individualizadas y compatibles con las garantías de los usuarios.
Para las empresas y los ciudadanos, este enfoque busca conciliar dos necesidades: conservar el acceso legítimo a los servicios financieros y evitar que estos sean utilizados para actividades criminales.
La efectividad de las disposiciones dependerá de los criterios técnicos utilizados por las entidades supervisadas y de la capacidad de las autoridades para distinguir riesgos reales de exclusiones arbitrarias.
Bienes raíces, vehículos y profesionales entran en controles reforzados
El nuevo escenario regulatorio también alcanza a actividades económicas tradicionales que pueden ser utilizadas para introducir capitales ilícitos en operaciones aparentemente legítimas.
Las disposiciones dirigidas a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas abarcan a personas y empresas dedicadas a determinadas operaciones inmobiliarias, comercialización de vehículos y servicios profesionales.
En los casos previstos por la normativa, abogados, notarios y contadores deberán cumplir obligaciones específicas de control y reporte cuando intervengan en ciertas operaciones corporativas o financieras.
Estas exigencias no significan que toda actividad realizada por esos profesionales sea sospechosa, sino que determinadas operaciones tendrán responsabilidades de prevención ajustadas a la regulación aplicable.
La compraventa de inmuebles y automóviles también figura entre las actividades sometidas a controles, por su posible utilización en mecanismos de ocultamiento o transformación de recursos de origen ilegal.
Para el sector empresarial, la actualización supone la necesidad de revisar procedimientos internos, documentación de operaciones y criterios de identificación de clientes cuando corresponda legalmente.
Una empresa legítima deberá poder acreditar el origen de sus operaciones sin quedar expuesta a exigencias arbitrarias, mientras las autoridades deberán identificar comportamientos realmente vinculados con delitos financieros.
El desafío consiste en desarrollar controles proporcionados, comprensibles y técnicamente aplicables, evitando que la prevención se convierta en una carga desordenada para actividades económicas lícitas.
Nuevas reglas para efectivo y bienes incautados
Las reformas comprenden también un cambio en el monto que obliga a declarar el transporte de dinero a través de las fronteras hondureñas.
El umbral aprobado pasa de 10,000 a 15,000 dólares, medida que fue objeto de observaciones durante el debate legislativo y cuya aplicación deberá ajustarse a la entrada en vigencia del decreto.
Declarar dinero ante las autoridades aduaneras es una obligación distinta de demostrar la licitud de su procedencia. Las investigaciones financieras pueden realizarse cuando existan fundamentos legales, incluso al margen de ese umbral.
En materia patrimonial, el paquete modifica procedimientos relacionados con el aseguramiento de bienes y busca corregir problemas de conservación y administración bajo responsabilidad de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La reforma contempla garantías para viviendas familiares y criterios de proporcionalidad para la adopción de medidas cautelares, sin excluir la intervención judicial cuando existan condiciones legales para ello.
Estas disposiciones generan un punto de encuentro entre la necesidad estatal de perseguir ganancias criminales y la obligación de proteger bienes legítimos frente a decisiones injustificadas.
El siguiente desafío será convertir la nueva legislación en mecanismos operativos de prevención, supervisión y justicia, especialmente en sectores que requieren herramientas tecnológicas y procedimientos de cumplimiento actualizados.
La CNBS tendrá un papel decisivo en la reglamentación y supervisión de los proveedores de activos virtuales, mientras otras instituciones deberán demostrar capacidad para investigar y sancionar operaciones ilícitas.
Para Honduras, la modernización normativa representa una oportunidad de fortalecer la confianza en el sistema financiero, siempre que las nuevas obligaciones sean aplicadas con transparencia, seguridad jurídica y resultados verificables.
El Congreso aprobó las reglas; ahora corresponde a las instituciones demostrar que pueden hacerlas funcionar. La evolución de los controles digitales, la protección de los usuarios y los resultados contra el lavado de activos deberán permanecer bajo escrutinio público. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com