Mientras diputados, Gobierno, transportistas y empresarios buscan fórmulas para contener los precios, una cifra permanece dentro de cada galón: el ACPV. Reducirlo otra vez o eliminarlo tendría un efecto tributario directo, pero obligaría a explicar quién cubriría los ingresos que el Estado dejaría de recibir.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – Cada vez que un hondureño compra gasolina o diésel no paga únicamente el costo internacional del carburante, transporte, almacenamiento, distribución y márgenes comerciales. También existe una carga tributaria que vuelve inevitable una pregunta incómoda para el Congreso Nacional: cuánto del problema puede enfrentarse directamente desde los impuestos.
Esa pregunta gana fuerza después de que el Legislativo instalara una mesa técnica para buscar alternativas frente a las alzas de los combustibles.
Participaron diputados, representantes del transporte, Secretaría de Energía, Secretaría de Finanzas, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Cohep y distribuidores de productos derivados del petróleo. El Congreso sostiene que busca reducir el efecto de los aumentos sobre el bolsillo de la población.
Hasta ahí existe diálogo.
El verdadero choque comienza cuando aparecen los números.
Hay un impuesto dentro del galón
El Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial, conocido como ACPV, forma parte de la estructura tributaria aplicada a diferentes combustibles.
Para 2026, la documentación oficial presupuestaria registra valores de US$0.9949 por galón de gasolina superior, US$0.8276 en regular y US$0.4466 en diésel.
Eso ocurre después de una reducción aplicada años atrás.
La Secretaría de Energía todavía reportaba en 2026 un ahorro de aproximadamente L10 por galón de gasolina y diésel derivado de esa rebaja tributaria.
El antecedente importa porque demuestra que la modificación del impuesto ya ha sido utilizada como instrumento para intervenir en el precio.
Por tanto, si el Congreso busca nuevas alternativas, una reducción adicional del ACPV o su eventual eliminación puede entrar legítimamente a la discusión junto con subsidios, mecanismos de estabilización y otras políticas.
No significa que sea fiscalmente gratuita.
Significa que existe una herramienta que puede ser cuantificada.
El contraste que golpea directamente al debate
La información presentada durante las reuniones legislativas indica que el Gobierno ha utilizado más de L1,300 millones durante 2026 para subsidiar combustibles, superando los L650 millones originalmente contemplados, según lo expuesto por el diputado Erik Alvarado.
Entonces aparece el punto que puede sacudir la discusión dentro del Congreso:
el Estado continúa cobrando impuestos sobre los combustibles mientras utiliza dinero público para impedir que determinados aumentos lleguen completamente al consumidor.
Ambas políticas pueden coexistir.
La cuestión que los diputados tendrán que analizar es si esa combinación sigue siendo la fórmula económicamente más eficiente.
Mantener el ACPV garantiza ingresos públicos.
Reducirlo deja más dinero directamente en manos del consumidor.
Eliminarlo tendría un impacto mayor sobre la tributación, pero también obligaría a sustituir una fuente relevante de ingresos.
El dilema no desaparece escondiéndolo debajo de una mesa técnica.
La cifra que revela el tamaño del problema
Para comprender el peso del ACPV basta observar un antecedente reciente.
La Secretaría de Finanzas informó que en 2024 este aporte generó L12,014.8 millones en recaudación, L914.2 millones más que durante 2023.
La cifra pertenece a 2024, no a 2026.
Pero permite dimensionar por qué una eventual eliminación no puede aprobarse simplemente borrando una línea del precio de los combustibles.
Hay miles de millones involucrados.
Por eso cualquier propuesta tendría que venir acompañada de un segundo documento igualmente importante:
el plan para compensar los recursos que dejaría de recibir el Estado.
Sin esa explicación, una rebaja podría convertirse posteriormente en menos recursos para otros gastos públicos o en presión para obtener ingresos mediante otra vía.
¿Eliminarlo puede bajar el precio?
En términos tributarios, eliminar el ACPV retiraría ese componente de los productos afectados.
Para que el consumidor recibiera completamente el beneficio, la reducción tendría que reflejarse en la fórmula oficial del precio final.
Ahí el Congreso tendría que exigir números concretos y públicos:
cuánto bajaría cada combustible, cuánto perdería el Estado, cuáles programas dependen de esos ingresos y qué mecanismo reemplazaría la recaudación.
Ese ejercicio permitiría comparar una eliminación del impuesto con otras alternativas sin depender únicamente de posiciones políticas.
No todo impuesto termina en una partida confidencial
Existe además una acusación que requiere separar discurso político de evidencia financiera.
La revisión de las fuentes disponibles no demuestra que la recaudación del ACPV se convierta directamente en una “caja chica” de la denominada partida confidencial.
No sería responsable presentar esa relación como un hecho sin documentos que rastreen el dinero desde la recaudación hasta una asignación presupuestaria específica.
Pero esa ausencia de prueba no elimina otra exigencia legítima:
la ciudadanía puede conocer exactamente dónde termina cada lempira recaudado.
Un debate legislativo sobre combustibles puede convertirse también en un ejercicio de transparencia presupuestaria: recaudación, asignaciones, subsidios, transferencias y gasto final.
Ese nivel de información permitiría sustituir sospechas por datos.
La factura no termina en la gasolinera
El combustible tiene una característica económica especialmente sensible: su costo se multiplica.
Cuando sube el diésel aumenta la presión sobre transporte de mercancías.
Cuando aumenta la logística, empresas y productores enfrentan mayores costos.
Parte de esos incrementos puede terminar reflejándose en alimentos, servicios y productos consumidos diariamente.
Por eso la discusión del ACPV trasciende a propietarios de vehículos.
Es una discusión sobre costos nacionales.
El Congreso entra ahora en terreno incómodo
La mesa técnica ya fue instalada oficialmente el 1 de octubre de 2026.
Las reuniones pueden continuar durante los próximos días.
Pero cada nueva sesión elevará una expectativa inevitable: que dejen de discutirse únicamente los efectos del precio y empiecen a compararse públicamente las soluciones con sus respectivas facturas.
Subsidios cuestan dinero.
Reducir impuestos cuesta recaudación.
Eliminar un tributo exige reemplazar ingresos o reducir gasto.
Mantenerlo conserva recursos para el Estado, pero mantiene esa carga dentro del galón.
No existe una salida sin consecuencias.
Precisamente por eso el debate puede convertirse en uno de los más incómodos para el Congreso: tendrá que mostrar con números quién paga, cuánto paga, cuánto recibe el Estado y qué alternativa trasladaría el menor costo posible hacia la población sin abrir un desequilibrio fiscal mayor.
Ese será el verdadero examen detrás de la mesa de combustibles. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com