La votación legislativa ya concluyó, pero la nueva normativa eléctrica todavía debe superar el tramo administrativo que separa su aprobación de su aplicación efectiva en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – La Ley de Justicia Energética se encuentra frente a uno de sus últimos filtros institucionales: la revisión del decreto aprobado por el Congreso Nacional antes de su traslado al Poder Ejecutivo.
El pleno legislativo aprobó la normativa el 31 de agosto con 78 votos, cerrando el tercer debate de una reforma que modifica múltiples aspectos del subsector eléctrico.
Pero aprobar una ley no significa que automáticamente comience a ejecutarse.
El texto continúa pendiente de completar su ruta hacia Casa Presidencial, la sanción correspondiente y posteriormente su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El decreto todavía está fuera de la meta
Los reportes más recientes localizados, correspondientes al 16 de septiembre, señalaban que el documento permanecía sometido a revisión debido a las modificaciones incorporadas durante el debate legislativo.
El diputado Eder Mejía explicó que esos cambios deben ser verificados antes de que el documento salga oficialmente del Congreso rumbo al Ejecutivo.
Ese procedimiento involucra a la Comisión de Estilo y personal técnico de la Secretaría del Legislativo.
Mejía ha estimado que el envío podría concretarse pronto, aunque hasta esos reportes la publicación definitiva todavía permanecía pendiente.
La publicación activará las nuevas reglas
El dato clave para usuarios, empresas e instituciones del sector es simple: la ley entra en vigor a partir de su publicación oficial.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mantiene disponible la versión aprobada por el Congreso, pero advierte que ese documento todavía no equivale a una publicación oficial en La Gaceta ni produce por sí solo efectos jurídicos.
La reforma contiene 37 artículos e introduce cambios sobre la organización de la ENEE, contratación de energía, tarifas, medidores, obligaciones de usuarios, reducción de pérdidas y funcionamiento general del subsector eléctrico.
Del Congreso a la realidad energética
El siguiente movimiento institucional será determinante porque trasladará el debate desde el terreno legislativo hacia la implementación.
Una vez completado el proceso correspondiente, las autoridades del sector tendrán que convertir las disposiciones escritas en reglamentos, procedimientos, licitaciones y decisiones operativas.
Mejía ha mencionado que una de las necesidades futuras podría involucrar la contratación de hasta 600 megavatios adicionales si las condiciones de oferta y demanda requieren esa capacidad.
El país entra así en una etapa en la que cada paso administrativo importa. Después de semanas de discusión política, el foco está colocado sobre el documento final, su traslado al Ejecutivo y la fecha en que finalmente aparezca publicado en La Gaceta.
Ese será el momento que marcará el inicio jurídico de la reforma y abrirá la fase más compleja: comprobar cómo las nuevas reglas serán aplicadas sobre el sistema eléctrico hondureño. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com