Próspera avanza con su estructura institucional mediante la juramentación de Alberto A. Hernández Franks, mientras Honduras mantiene como antecedente decisivo la sentencia que anuló el marco jurídico de las ZEDE.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – Un nuevo movimiento institucional dentro de Próspera ZEDE ha devuelto la atención al complejo escenario legal que rodea al proyecto en Roatán. La organización anunció la juramentación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil, con responsabilidades vinculadas al cumplimiento de sus normas y regulaciones.
La designación, divulgada el 15 de septiembre de 2026, ocurre dos años después de una sentencia que transformó profundamente el marco jurídico de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras.
Ese contraste convierte el nombramiento en mucho más que una decisión interna.
El nuevo fiscal tendrá funciones de cumplimiento
Según Próspera, Hernández Franks tendrá entre sus tareas liderar actuaciones para hacer cumplir normas, estatutos y regulaciones, además de intervenir en procedimientos relacionados con tributos y en la vigilancia de reglas vinculadas con la propiedad y el orden público dentro del esquema institucional del proyecto.
Su trayectoria incluye estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un LL.M. en Penn State University y admisión profesional en Nueva York, según la información pública disponible sobre su perfil.
Para Próspera, el movimiento forma parte de su apuesta por mantener una institucionalidad propia basada, según su versión, en criterios de estado de derecho y gobernanza.
Una fecha sigue marcando toda la discusión: 20 de septiembre de 2024
La dimensión nacional aparece al revisar el antecedente decisivo.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró el 20 de septiembre de 2024 la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 y del Decreto 120-2013, normas que habían servido de soporte constitucional y legal para las ZEDE.
La resolución alcanzó las reformas efectuadas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución. El Poder Judicial explicó que la decisión tendría efectos nulatorios desde su origen debido a la vulneración de artículos pétreos vinculados con territorio, justicia y régimen económico.
Ese fallo es indispensable para comprender cualquier actuación posterior de Próspera.
La propia organización ha mantenido una lectura jurídica distinta respecto de algunos alcances de la resolución. Tras conocerse la sentencia, su secretario técnico cuestionó públicamente los efectos retroactivos y sostuvo que existían derechos adquiridos que debían ser protegidos.
Próspera sigue operando bajo su interpretación jurídica
El nombramiento de Hernández Franks refleja precisamente esa realidad: Próspera continúa conformando estructuras internas pese al cambio radical que experimentó el marco jurídico hondureño de las ZEDE.
Esto no significa que la juramentación invalide, sustituya o altere la sentencia de la Corte Suprema. Tampoco permite concluir por sí sola cómo deberían resolverse eventuales controversias futuras.
Sí deja una fotografía clara de septiembre de 2026: existe actividad institucional dentro de Próspera mientras sigue siendo relevante determinar el alcance práctico de las decisiones judiciales hondureñas sobre el proyecto.
Lo que permanece pendiente
Para la ciudadanía, la discusión tiene implicaciones que exceden el debate técnico.
En juego aparecen preguntas relacionadas con jurisdicción, potestad regulatoria, cobro de obligaciones, seguridad jurídica, inversiones y autoridad del Estado hondureño, materias que requieren respuestas sustentadas en normas, resoluciones y procedimientos competentes.
La juramentación del nuevo fiscal civil agrega ahora otro hecho concreto a ese expediente nacional.
Próspera fortalece la estructura que sostiene bajo su propia interpretación jurídica. Honduras, entretanto, cuenta con una sentencia de su Corte Suprema que declaró inconstitucionales las normas que dieron origen al modelo ZEDE. Entre ambos elementos permanece una controversia cuyo desarrollo continuará teniendo repercusiones jurídicas, económicas e institucionales. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com