Una reforma propone romper el esquema exclusivamente partidario mediante una integración mixta: tres representantes políticos continuarían en las mesas, mientras dos ciudadanos asumirían puestos clave tras un sorteo supervisado por el CNE.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – La disputa por la confianza en las elecciones hondureñas empieza a trasladarse hacia el lugar donde cada voto adquiere valor concreto: las Juntas Receptoras de Votos. Una propuesta presentada ante el Congreso Nacional plantea incorporar ciudadanos independientes de los partidos en los cargos de secretario y escrutador.
El cambio forma parte de un paquete de 22 reformas electorales promovido por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, con el que se pretende revisar distintas áreas de la normativa electoral después del proceso general de noviembre de 2025.
La iniciativa toca una estructura históricamente dominada por representantes partidarios. Bajo el nuevo planteamiento, ese control dejaría de ser absoluto, aunque las principales fuerzas políticas conservarían mayoría dentro de las mesas.
Un modelo mixto sustituiría el dominio exclusivamente partidario
La fórmula propuesta distribuye los cinco puestos propietarios de cada Junta Receptora entre partidos y ciudadanía.
Los tres partidos que alcanzaron mayor votación presidencial en las últimas elecciones generales designarían a los integrantes que ocuparían presidencia, vocalía I y vocalía II.
El secretario y el escrutador serían diferentes.
Esos cargos recaerían en ciudadanos sin representación partidaria escogidos mediante sorteo público y aleatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral entre electores habilitados del centro de votación correspondiente.
La arquitectura busca introducir contrapesos internos en cada mesa sin expulsar a los partidos del proceso.
Ser ciudadano independiente será apenas el primer filtro
La reforma incorpora requisitos destinados a evitar que cualquier persona sorteada pueda asumir automáticamente una función electoral.
Los seleccionados deberán participar en capacitación obligatoria organizada por el CNE, presentar evaluaciones teóricas y prácticas, además de demostrar capacidades básicas necesarias para desempeñar sus responsabilidades.
Solo después de aprobar ese procedimiento podrían ser acreditados.
El proceso completo de selección, capacitación, evaluación y acreditación deberá estar concluido al menos 30 días antes de las elecciones generales, según la propuesta.
Además, el CNE tendría que disponer de ciudadanos suplentes capacitados para resolver ausencias, renuncias, impedimentos o sustituciones de última hora.
La independencia política tendrá que comprobarse
Aquí aparece uno de los mayores desafíos del proyecto.
La reforma excluye de los cargos ciudadanos a candidatos, dirigentes partidarios, autoridades de organizaciones políticas, activistas acreditados, empleados de partidos e integrantes de estructuras de dirección partidaria.
También quedarían fuera funcionarios o empleados del CNE, personal del Tribunal de Justicia Electoral, miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros ciudadanos sujetos a conflictos de interés establecidos legalmente.
El Consejo Nacional Electoral tendría, por tanto, que construir mecanismos capaces de determinar si una persona sorteada cumple realmente el requisito de independencia político-partidaria.
Ese control puede convertirse en una de las claves para que la reforma alcance credibilidad.
Elecciones públicas desde la mesa hasta el escrutinio
El carácter público del escrutinio se mantiene dentro de la propuesta.
Los miembros que impidan su celebración pública podrían enfrentar las responsabilidades previstas por la normativa, mientras el CNE tendría que regular mediante procedimientos específicos el sorteo, requisitos, capacitaciones, evaluaciones, sustituciones y controles de independencia.
La iniciativa también establece que los cargos serán desempeñados ad honorem, aunque abre la posibilidad de contemplar alimentación, transporte, viáticos, compensaciones o reconocimientos financiados dentro del presupuesto electoral.
En caso de aprobación, el CNE dispondría de 90 días para emitir o adecuar el reglamento necesario para ejecutar las nuevas disposiciones.
Una reforma que todavía deberá superar la política
El proyecto entra ahora en un escenario donde la negociación será tan importante como el diseño técnico.
El 17 de septiembre, sectores de sociedad civil junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tienen previsto llevar al Congreso una propuesta propia de reformas electorales, ampliando una discusión que podría marcar la arquitectura de los próximos comicios.
La incorporación de ciudadanos puede convertirse en uno de los cambios más visibles del paquete, pero su verdadero impacto dependerá del mecanismo utilizado para seleccionar a esas personas, garantizar su independencia, capacitarlas correctamente y protegerlas de presiones políticas.
La ciudadanización parcial de las mesas abre una puerta que durante años ha formado parte de la discusión electoral hondureña. Ahora la responsabilidad recaerá sobre el Congreso Nacional, el CNE, los partidos y la sociedad civil para determinar si esa puerta conduce a mayor transparencia y confianza, o termina reducida a una reforma sin capacidad de cambiar las prácticas que busca corregir. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com