El RNP borra la validez del 90% de los apoyos entregados por comunidades del atlántico, desatando la indignación de organizaciones que denuncian un bloqueo a la democracia directa.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – En un acto que eleva al máximo la tensión entre la clase política y los movimientos sociales, la Secretaría del Congreso Nacional ejecutó el archivo definitivo de la solicitud de juicio político promovida contra más de 80 parlamentarios. La salvación de los legisladores no vino de un debate de argumentos en el hemiciclo, sino de una contundente resolución técnica del Registro Nacional de las Personas (RNP).
La cifra que enciende el debate nacional es demoledora: el RNP rechazó 11,281 firmas por supuestas inconsistencias y solo dio por buenas 1,710, dejando la petición desprovista del mínimo de 3,000 respaldos que exige la norma para habilitar el trámite. Con esa resolución en la mano, la presidencia del Congreso cerró la puerta a cualquier posibilidad de discusión pública sobre el actuar de la cámara.
La envestida ciudadana se originó en las comunidades de Colón y Atlántida, donde consideran que las reconsideraciones aprobadas a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial representan un retroceso para los pequeños productores y una concesión indebida a sectores energéticos y turísticos.
¿Un filtro legal o un veto a la soberanía popular?
El colapso de la iniciativa ciudadana deja al descubierto el estricto cerco institucional que protege a la cúpula legislativa. Aunque el procedimiento legal exige la verificación del RNP antes de llevar cualquier iniciativa al pleno —donde se requerirían 86 votos para prosperar—, la descalificación de más de 11 mil apoyos deja una profunda duda sobre las garantías reales que tiene el pueblo hondureño para fiscalizar a sus representantes.
Un choque de poderes que se traslada a las comunidades
El carpetazo administrativo le otorga un respiro táctico a la bancada promovente, pero fractura aún más el de por sí frágil vínculo entre el Poder Legislativo y la ciudadanía del norte del país. La decisión de congelar el juicio político sin debate abierto envía una señal de distanciamiento que incomoda a diversos sectores institucionales.
La Secretaría ha dado por cerrado el caso en los registros oficiales, pero la discusión sobre el fondo de la ley agroindustrial y la transparencia de las firmas invalidadas promete seguir encendiendo la agenda nacional. La clase política ha salvado la votación, pero la crisis de confianza ciudadana acaba de sumar un nuevo y volátil capítulo. —Redacción Bruce Villatoro CEO DiarioHouse.Com