La defensa del exsecretario de la SIT obtiene una resolución que fuerza al Ministerio Público a delimitar la investigación de tres hospitales. La audiencia próxima se cruza además con las recientes aspiraciones presidenciales de Pineda.
Tegucigalpa, Honduras | DiarioHouse.Com – Octavio Pineda consiguió una resolución judicial favorable en un momento particularmente sensible: mientras tres hospitales construidos durante su gestión continúan bajo investigación, el exsecretario de Infraestructura y Transporte ha expresado recientemente su intención de buscar una precandidatura presidencial en Honduras.
El Tribunal de Criminalidad Organizada y Corrupción declaró con lugar un recurso presentado por su defensa y ordenó al Ministerio Público precisar los puntos de la investigación relacionada con la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho.
La decisión no cierra las investigaciones ni establece una conclusión sobre eventuales responsabilidades. Sí cambia el escenario inmediato: obliga al ente acusador a identificar con detalle las contrataciones directas sometidas a investigación.
Contratos, fechas y funcionarios deberán quedar definidos
El Ministerio Público deberá proporcionar el listado completo de las contrataciones directas investigadas, las correspondientes fechas de adjudicación y la identificación del funcionario que autorizó cada contratación.
La exigencia judicial puede marcar un momento decisivo porque delimita formalmente el objeto de la pesquisa y permite establecer sobre qué decisiones administrativas concretas deberá concentrarse el proceso.
Pineda y su equipo legal deberán comparecer a una audiencia ad hoc programada para las 9:00 de la mañana, en la que se definirán los puntos de la investigación.
Según la información disponible, durante esa instancia también se conocerá si el proceso continuará.
Hasta el momento señalado en el material disponible, el exfuncionario no se había pronunciado sobre la decisión judicial.
La investigación alcanza tres proyectos millonarios
El trasfondo del conflicto judicial está en los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, cuyos trabajos fueron suspendidos por orden judicial.
El 5 de mayo de 2026, el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada y Corrupción ordenó la suspensión inmediata de las obras y el congelamiento de pagos.
La medida fue adoptada mientras el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas investigaban posibles irregularidades en los procesos de contratación y ejecución.
El TSC mantiene bajo análisis 47 contratos relacionados con los proyectos y aproximadamente 29,500 folios de documentación.
Los auditores buscan determinar si los pagos efectuados corresponden realmente al avance físico de las construcciones y si los mecanismos utilizados para contratar se ajustaron a la ley.
El salto presupuestario que pesa sobre el caso
Las cifras constituyen uno de los componentes más sensibles del expediente.
Una de las investigaciones determinó que el presupuesto conjunto de los hospitales habría aumentado desde aproximadamente L1,874 millones en el diseño original hasta L7,674 millones.
Eso representa más de cuatro veces la cifra inicial reportada.
La modificación ocurrió después de que los hospitales pasaran de un esquema de cooperación con España a ser administrados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Los presupuestos actualmente reportados alcanzan aproximadamente L4,402 millones para Santa Bárbara, L1,635 millones para Ocotepeque y L1,613 millones para Salamá.
El TSC, por su parte, ha manejado una cifra preliminar de L4,662.7 millones correspondiente a los contratos actualmente bajo revisión. Esa cantidad no debe confundirse con el presupuesto total de las tres obras.
El expediente entra también en terreno político
La resolución adquiere una lectura adicional por las recientes aspiraciones políticas de Octavio Pineda.
Su intención de buscar una precandidatura presidencial coloca cada movimiento relacionado con el expediente bajo una atención pública mayor.
Eso no modifica, sin embargo, el estándar que debe regir el proceso: las aspiraciones políticas de Pineda y las investigaciones sobre los hospitales son planos distintos, mientras no exista una resolución competente que establezca responsabilidades.
El verdadero alcance de la decisión judicial es procesal: el Ministerio Público deberá aclarar qué investiga, sobre cuáles contratos y respecto de qué decisiones administrativas.
Para la ciudadanía, la cuestión trasciende la disputa entre fiscales y defensa. Tres hospitales permanecen condicionados por investigaciones que involucran miles de millones de lempiras destinados a infraestructura pública.
El siguiente movimiento se producirá en los tribunales. Allí deberá quedar más claro el perímetro de la investigación. Fuera de ellos seguirá pendiente una respuesta igual de importante: cuándo y bajo qué condiciones podrán definirse el futuro y la continuidad de los tres proyectos hospitalarios. —Redacción DiarioHouse.Com